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Opinión

  

 

El Mito del Estado de Derecho 

 

 

Alvaro del Cid

 

 

La humanidad ha recurrido a relatos fantásticos, protagonizados por personajes con cualidades superiores, para explicar ciertos fenómenos relevantes. El origen del hombre, de una civilización, valores culturales, el poder, ejemplos sobran.

En el primer año de Derecho, nos enseñaron que existía una cosa que se llamaba Estado de Derecho, de la cual habíamos escuchado y que seguramente nos sonaba a algo bueno. Nos explicaron que una cosa era el Estado solito: el producto de una población que se organiza en un territorio para procurar su bienestar bajo una serie de normas (marco jurídico), y que en ese proceso engendra el Poder; y también nos dijeron que otra cosa, de mejor calidad, era el Estado de Derecho. En él existen garantías para la defensa de la Constitución, como el Amparo y la Inconstitucionalidad de las Leyes; órganos encargados de garantizar los derechos fundamentales de la población, incluso los civiles y políticos, como el Procurador de los Derechos Humanos; órganos encargados de la defensa del orden constitucional, como la Corte de Constitucionalidad; un sistema electoral que permite a la población elegir a sus autoridades libremente y le garantiza que los gobernantes respetarán las leyes, a través de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral. En ese paraíso terrenal llamado Estado de Derecho, se ofrece al ciudadano, a la población en general, todo un andamiaje estatal organizado en función del mismo ciudadano, para protegerle, pero sobre todo, para garantizar el goce efectivo de los derechos; en el Estado de Derecho, los derechos no solo se escriben, leen y dicen, en el Estado de Derecho los derechos se sienten y se viven.

Las míticas cualidades del Estado de Derecho hacen soñar a cualquiera, y como generalmente pasa luego de un sueño maravilloso, despertar y contrastarlo con la realidad, deja un sabor como a centavo. Resulta que el Estado de Derecho es un lugar bastante lejano de nuestro querido Estado (a secas). Vamos despacio. Sí, tenemos una Constitución y un gran número de leyes, que detallan un amplísimo número de derechos. Sí, tenemos un sistema de instituciones creadas con el mandato de garantizar el efectivo cumplimiento de nuestros derechos. Sí, existen las normas que limitan el ejercicio del poder. Sí, existen las normas que regulan las alegres elecciones, y fijan los principios de nuestro sistema democrático. Sí, esas normas dicen que los parientes del Presidente no pueden ejercer la Presidencia, porque uno de los principios de nuestro sistema democrático es la alternancia en el ejercicio del poder. Y sí, la Constitución también dice que los ciudadanos tenemos el deber de velar por el imperio del orden constitucional y la pureza del proceso electoral.

Estas normas míticas inspiran la participación de la ciudadanía, quien luego de conocer las bondadosas promesas del Estado de Derecho,  acude confiada a reclamarlas ante las autoridades, y estas dicen que la respuesta es muy sencilla: no. El PDH NO se pronuncia; el TSE dice que los ciudadanos NO tienen cómo hacer valer sus derechos políticos; la CC da el ejemplo a los Jueces, y dice que NO tiene por qué conocer el divorcio presidencial públicamente realizado para defraudar la Constitución (eso es cosa de dos, dijeron) y que además, los ciudadanos NO tenemos legitimidad para cuestionar las ilegalidades del proceso electoral. En el fondo queda la idea de que las autoridades piensan que la Constitución dice que tenemos derechos, no ellos. Un sabor a centavo. El Estado (simple y llano) tiene todo lo que el más exigente ciudadano podría pedir, pero a la hora de exigir que funcione para la ciudadanía y no para un partido político o una persona en particular, adopta la postura del burócrata de caricatura: cruza los brazos y dice algo que suena a “pase mañana”.

El Estado de Derecho se diseñó para los ciudadanos, para el bien común. Cuando el Estado de Derecho es lo que las autoridades a conveniencia deciden que es, el Estado de Derecho se vuelve un mito. Al final de cuentas, resulta que a veces los mitos atesoran realidades muy complejas, otras veces solo escoden verdades muy tristes.

Quizás el realismo mágico de la política haga que se interpreten intereses oscuros en todas las disputas. Lo que está hoy en juego no es solo una candidatura ilegal, ni son intereses económicos o sectoriales, ni son discursos reciclados, es el Estado de Derecho. Al parecer gobernantes y políticos de turno no comprenden que esto sea así, están tan acostumbrados a que el Estado es para los políticos, que cuando se plantea que el Estado es para el pueblo, hacen corto circuito. El movimiento ciudadano debe crecer, ampliarse, y sobre todo seguir firme en su camino de reclamar la pureza del proceso electoral. Y las autoridades deberán escuchar con atención, porque hoy la ciudadanía Guatemalteca exige respeto.

Hasta ahora, el Estado de Derecho ha sido un mito, pero para que este proceso electoral sea una verdadera fiesta cívica, deberá dejar de ser un mito y convertirse en una realidad, y ésta empieza por la sujeción irrestricta de las autoridades a la Constitución y el Poder Soberano del Pueblo.